En primer lugar, la ley define lo que considera como “músico”. Me pregunto, ¿puede esto ser posible? ¿Quién es músico? Podríamos denominar como tal a aquél que egresó de un conservatorio, o tal vez al que logra un contrato con una discográfica, o el que consigue un contrato para tocar en distintas provincias. Pero nos olvidamos del músico independiente, aquél que promueve su arte como tal sin intención de lucrar con su enajenación y tal vez sea carente de una técnica sorprendente para la interpretación, pero logra una externalización de su espíritu a través de la música que otros no lograrían. Entonces, ¿es tan fácil definir quién es “músico”? Parece contestar afirmativamente la ley, asignándole a una mesa examinadora conformada por 3 músicos de reconocida trayectoria y 3 representantes de la Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Nación la facultad de evaluar a través de un examen la idoneidad de músico de una persona. Esto no es más que una forma de censura no muy prolijamente disfrazada, donde 6 personas tomarán el papel de jueces para tomar una decisión puramente subjetiva. ¿De qué forma beneficiaría a los músicos el hecho de que otro no reciba su permiso por no haber sido considerado como tal? Desde mi punto de vista se intenta poner en equivalencia el arte con una organización comercial, donde la gran cantidad de ellas supone la existencia de competencia para acaparar mercados. Pero estamos hablando del arte, donde la confluencia de géneros provoca una sinergia que influye sobre el todo de manera positiva, y no crea restricciones para otras artes.
En segundo lugar, se le otorga la personería gremial al SADEM (Sindicato Argentino De Músicos). ¿Realmente necesitábamos de un intermediario para los contratos de ejecución musical? Alguno podría afirmar que sí, justificando la falta de medidas de prevención que tuvieron lugar en el lamentable incidente de República Cromagnón. Sin embargo, ello no sucedió por una falta de reglamentación, sino por el incumplimiento de las normas actuales. No es mi intención entrar en esta cuestión particularmente, pero todos estamos concientes de la falta de control de habilitaciones y la corrupción por parte del Gobierno de la Ciudad hasta lo sucedido. Entonces nada conlleva a la necesidad de existencia de las funciones asignadas al SADEM. Entre ellas podemos destacar la de obligar a la empresa contratante y a el/los músico/s al pago del 6% cada uno sobre el monto del contrato a la caja que previamente conformó el SADEM, en concepto de aportes patronales. Aquí podemos observar una clara limitación al derecho constitucional de libertad de expresión, prohibiendo la posibilidad de brindar el servicio gratuitamente y fomentando el desinterés de locales comerciales y de esparcimiento de permitir el trabajo y publicidad de los músicos.
Si bien no hice hincapié en el monto de la matrícula, que es de $96 anuales, debemos detenernos pero no en su valor, sino en lo que ella representa. Podemos entender que aquellos, como dice Botafogo, que pueden comprar un instrumento de alto costo también pueden abonar la cuota; pero ¿Cuál es la intención verdadera del pago? Podemos ver claramente que no es sino una imposición de doble concepto. Es decir, es un límite restrictivo al arte de la música, y también es una exigencia unilateral y coercitiva para recaudar fondos. Sin embargo, estamos en presencia de una doble imposición, porque además de estar matriculado, el músico debe pagar impuesto a las ganancias (el profesional), registro de nombre y obras en SADAIC, derechos de autor y la lista sigue.
Finalizando, lo que se logra con esta ley es una politización del arte incluyendo a un sindicato en las relaciones entre contratantes y músicos, relación que no necesitaba en absoluto de un mediador que no hace más que poner más trabas que las existentes en lugar de incentivar la creación de arte, tal como debe ser tanto en la música como en las demás ramas, porque debemos seguir teniendo presente que nuestro país es uno de los más ricos en ideas nuevas, creación de belleza e intelectualidad. No se trata de un trabajo donde nadie disfruta hacerlo y abunda la explotación del contratado, y se necesite de una reglamentación para garantizar los derechos y libertades. He aquí la gran dicotomía de conceptos que se han visto anexados equivalentemente, y a partir de allí la gran confusión que ha generado. Todos nosotros comprendemos que una ley es discutida y promulgada por los representantes del pueblo para solucionar conflictos y diferencias en la sociedad, y facilitar la convivencia. Por eso es que esta ley carece de coherencia y ética pública, teniendo en cuenta el marco social, político y económico en el que intenta establecerse.
Ley 14.597/58
Actualización Ley 14.597 – Nov/04
Decreto Reglamentario 520/05